Introducción

 
Toda profesión sensible en tanto que afecta a las vidas de otras personas ha de tener su propio código de conducta, también conocido como código deontológico. En el caso de las profesiones colegiadas y sobre todo de aquellas relacionadas con el ejercicio de la Justicia, este código deontológico es más necesario si cabe en todos los partidos judiciales, y como no también a los referidos partidos judiciales de Madrid.
 
 

Historia del código deontológico de los procuradores españoles

 
Suscrito por los colegios regionales como el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, el Consejo General de Procuradores de España redactó y consensuó su propio código dentológico en 2010, aunque fue revisado y modificado en 2012 por última vez. Puede consultarse en la página web del Consejo General de Procuradores de España (https://www.cgpe.es/codigo-deontologico/).
 
 

Objetivos y contenido

 
El código deontológico de los procuradores tiene dos objetivos principales: asegurar la mayor profesionalidad posible de los procuradores de tribunales y ejercientes en partidos judiciales Madrid y garantizar el mejor servicio posible a la ciudadanía.
 
Así, rige la conducta, siempre dentro de la legalidad, de todos los procuradores colegiados en España y, como indica el propio documento, "todos los procuradores colegiados tienen la obligación de poseer un exacto conocimiento de las presentes Normas Deontológicas de Actuación Profesional".
 
El código deontológico de los procuradores españoles está dividido en ocho capítulos y 42 artículos. Entre las obligaciones generales, expuestas en los primeros capítulos y artículos, el código exige competencia profesional, dedicación, honradez, veracidad e independencia, así como el cumplimiento de las obligaciones propias de la profesión. Este código deontológico colegial también regula las comunicaciones comerciales, obliga a la asistencia a los juzgados y tribunales, condena el intrusismo, prohibe la delegación de actuaciones y exige la percepción de derechos de los procuradores conforme al arancel.
 
El capítulo III del código está dedicado a glosar, explicar, desarrollar y establecer los límites de las incompatibilidades y los conflictos de intereses en los que puede incurrir un procurador, circunstancias que se deben evitar a toda costa por el bien de la profesión, el servicio a la ciudadanía y la legalidad.
 
Los capítulos sucesivos establecen un código de conducta y buenas prácticas respecto a las relaciones que un procurador ha de tener con sus clientes y con otros procuradores y, no menos importante, con otros profesionales del Derecho tales como los abogados, los jueces y otros trabajadores de los tribunales. Por último, se incide en la obligatoriedad de estar colegiado para poder ejercer como procurador y se detalla cómo ha de ser la relación del procurador con su propia organización colegial y viceversa.

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