La competencia judicial se define como la aptitud que la ley otorga a jueces y tribunales para conocer de los procedimientos judiciales en función de la materia, territorio u otras circunstancias especiales. 
 
La competencia judicial determina en este sentido el concepto de juez natural, que sería el competente en cada caso por imperativo legal para conocer de un determinado litigio.
En todo caso, son varias las clases de competencia judicial que pueden darse en nuestro ordenamiento jurídico, como los partidos judiciales de Pozuelo de Alarcon.
 
 

En primer lugar

Debe hablarse de la llamada jurisdicción por razón del objeto, que es la que determina si el conocimiento de un determinado asunto ha de corresponder a los tribunales civiles, a los penales, a los mercantiles, a los contencioso-administrativos o a los de la jurisdicción social.
 
 

Una vez concretada la jurisdicción competente

 
Corresponde analizar la llamada competencia objetiva, que es la que determina el conocimiento de los asuntos entre los diferentes tribunales de un mismo orden jurisdiccional. La competencia objetiva se atribuye siguiendo dos criterios distintos: la materia que constituye la naturaleza de la pretensión y la cuantía del litigio, siendo preferente el primero de estos criterios sobre el segundo.
 
 

Determinada la competencia objetiva

 
Toca analizar la competencia territorial, que es la que especifica finalmente cuáles, de entre todos los tribunales con competencia objetiva, son los que han de conocer de un concreto litigio. La competencia territorial es, en definitiva, la que señala el partido judicial donde se ha de presentar la correspondiente demanda. El fuero habitual para determinar la competencia territorial suele ser, por norma general, el del domicilio del demandado. No obstante, para ciertos procedimientos especiales existen normas procesales que determinan de manera imperativa la competencia territorial en cada caso, sin que las partes puedan sustraerse a las mismas.
 
 

Antes de entrar a conocer un determinado asunto

 
Los jueces y tribunales deben examinar de oficio que tienen jurisdicción y competencia para conocer del mismo, tanto objetiva como territorial. Este control de oficio de la competencia judicial les obliga, en caso de carecer de jurisdicción o competencia, a abstenerse de conocer e indicar a las partes cuáles son los tribunales competentes en cada caso.
 
 

Finalmente

Cabe hablar de la llamada competencia funcional, que es la que atribuye el conocimiento de un determinado litigio en función de la fase procesal en que este se encuentre: fase declarativa (hasta que recae sentencia en primera instancia), fase de impugnación (cuando ha de resolverse un recurso por una instancia superior) o fase de ejecución (cuando la sentencia adquiere firmeza y ha de ejecutarse). En materia civil, la fase declarativa corresponde, por regla general, a los juzgados de primera instancia, salvo los casos en que puedan ser competentes los juzgados de paz o cuando existan aforamientos especiales. La fase de impugnación corresponde a las Audiencia Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo. En cuanto a la fase de ejecución, la competencia funcional corresponde al juzgado o tribunal que dictó la sentencia en primera instancia.
 

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